¿Se imaginan que en un concurso público para la adquisición de semáforos el precio de licitación no viniera dado por lo que ha costado inventar y fabricar el aparato, sino que el fabricante quisiera cobrar además por todos y cada uno de los accidentes de tráfico, con los costos médicos incluidos de esos miles de heridos y muertos que no se van a producir cuando esos elementos de seguridad vial estén en uso? El agua potable que recibimos en nuestras casas evita cada año que millones de personas enfermen y hasta mueran por los más diversos patógenos, por ello ¿sería razonable incluir en su precio esa más que milmillonaria factura que los ciudadanos y la sanidad pública nos ahorramos?
¿Porqué un enfermero o una médico ganan unos pocos miles de euros al mes cuando en cada una de sus jornadas laborales evitan la muerte de algún paciente? ¿no deberían cobrar estos más que expertos sanitarios diez, veinte o cien mil euros por cada vida que salvaran según fuera el precio final acordado?
Pues aunque todos estamos de acuerdo en que esta forma de rentabilizar el conocimiento sería una práctica comercial injustificada y abusiva que rebasa la más pura extorsión mafiosa resulta que, tal y como explica una diputada española en este casi desesperado video, es la práctica habitual de las empresas farmacéuticas con la inacción cuando no con la colaboración directa de los gobiernos.
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