Más de un millar de investigadores españoles han firmado la siguiente carta para la Ministra de Sanidad española sobre pseudomedicinas.
Seamos claros: las pseudociencias matan. Y no solo eso, sino que son practicadas incluso por médicos colegiados [1] y con el respaldo de los colegios de médicos [2]. Han llevado a la muerte a miles de personas solo en nuestro país, y lo siguen haciendo. En algunos casos, como en la muerte de Mario Rodríguez [3], se trata de personas que no son médicos pero ejercen con impunidad desde centros que incumplen la legislación de centros sanitarios. En otros casos, como la muerte de Rosa [4], son médicos colegiados que actúan con el conocimiento de los colegios de médicos, que les permiten seguir engañando a enfermos graves y llevarlos, en el mejor de los casos, a caer en un engaño, o en el peor, a la muerte.
Ministra, este problema no solo se soluciona en Europa, como usted ha sugerido recientemente [5], porque va más allá de la homeopatía. Esto también se soluciona en España, haciendo cumplir la ley, creando nuevas leyes y protegiendo los derechos del enfermo y sus familias. Se soluciona luchando contra lo que se está convirtiendo en una plaga que afecta a las mismas raíces del sistema de salud de nuestro país. Porque seamos claros de nuevo: la deontología médica no es un juego.
El Artículo 5. 4. del código deontológico [6] dicta que «el médico jamás perjudicará intencionadamente al paciente. Le atenderá con prudencia y competencia, evitando cualquier demora injustificada en su asistencia». Y sin embargo, la gente que recurre a las mal llamadas terapias alternativas —pues ni son terapias ni complementan tratamiento alguno— tienen más posibilidades de morir [7], llegando a ser un 470% más altas en algunas patologías [8]. Es decir, los retrasos e interferencias que suponen estas prácticas —y no solo la sustitución de tratamientos, como se quiere hacer ver desde algunas instituciones— matan a enfermos que confiaron en el sistema de salud que usted tiene que defender. Casos como el de Rosa [4], en el que un paciente muere por llegar tarde a la medicina real tras un retraso causado por un médico pseudocientífico, son muy comunes.
El Artículo 12. 1. del código deontológico dice que «el médico respetará el derecho del paciente a decidir libremente, después de recibir la información adecuada, sobre las opciones clínicas disponibles. Es un deber del médico respetar el derecho del paciente a estar informado en todas y cada una de las fases del proceso asistencial. Como regla general, la información será la suficiente y necesaria para que el paciente pueda tomar decisiones». Es decir, el paciente tiene derecho a una información veraz y suficiente para tomar decisiones respecto a su enfermedad. Vender, ofrecer o recomendar pseudoterapias —incluso si se presentan como carentes de evidencia científica— infringe ese derecho, pues estas prácticas no solo carecen de evidencia científica, sino que van en contra de ella. Que la homeopatía no funciona se sabe desde hace más de un siglo, y que los imanes sirvan para curar la hepatitis —como defienden muchos médicos colegiados que practican el biomagnetismo [9]— ni siquiera puede ser objeto de debate científico, pues carece de sentido médico, biológico y químico. Ofrecerlas como efectivas, e incluso como carentes de evidencia científica, atenta contra el derecho del paciente a tener una información veraz, pues son contrarias a la evidencia científica.
El Artículo 21. 1. del código deontológico dice que «el médico tiene el deber de prestar a todos los pacientes una atención médica de calidad humana y científica». Cabe decir que ofrecer pseudoterapias a un enfermo no solo atenta contra la calidad científica que recibe un paciente, sino también contra la calidad humana, al jugar con las esperanzas y expectativas de curación de las personas. Y no solo eso, algunas de estas pseudoterapias, como la bioeuroemoción [10], culpan a los enfermos y a sus propios familiares, agravando aún más la calidad humana, al alejar a los enfermos de sus familias cuando más las necesitan.
El Artículo 23. 1. del código deontológico dice que «el médico debe disponer de libertad de prescripción, respetando la evidencia científica y las indicaciones autorizadas, que le permita actuar con independencia y garantía de calidad». Y sin embargo, a pesar de que la Organización Médica Colegial cataloga todas estas prácticas como contrarias a la medicina [11], existen médicos ofertándolas sin respetar la evidencia científica, que es clara y contundente: estás prácticas no funcionan y pueden tener efectos secundarios graves, incluso llevar a la muerte. Así pues, ni siquiera pueden ser ofertadas como prácticas preventivas, pues el Artículo 25. 3. del código deontológico indica que «la promoción de actividades preventivas sólo es deontológicamente correcta cuando tienen un valor científico probado».
Además, por si todo esto no fuera suficiente, el Artículo 26. 2. del código deontológico advierte de que «no son éticas las prácticas inspiradas en el charlatanismo, las carentes de base científica y que prometen a los enfermos la curación, los procedimientos ilusorios o insuficientemente probados que se proponen como eficaces, la simulación de tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas y el uso de productos de composición no conocida». ¿Cómo es compatible todo esto con ofertar agua con azúcar para tratar el cáncer, imanes para curar la hepatitis, imponer las manos para sanar, alejarte de tu marido para curar el cáncer de mama, o usar la acupuntura contra la esclerosis múltiple? Estás prácticas, con el código deontológico en la mano, no deberían ofrecerse ni siquiera para tratar un simple constipado. En resumen, los médicos no tienen el derecho de mentir a los enfermos.
Pero la laxitud de los colegios de médicos no es el único problema. En España existen miles de centros que ofertan todas estas pseudoterapias sin control, infringiendo el artículo 3.3 del Real Decreto 1277/2003, que indica en su punto segundo que «sólo los centros, servicios y establecimientos sanitarios autorizados podrán utilizar en su publicidad, sin que induzca a error, términos que sugieran la realización de cualquier tipo de actividad sanitaria, limitándose aquella a los servicios y actividades para los que cuenten con autorización, debiendo consignar en dicha publicidad el número de registro otorgado por la autoridad sanitaria de la correspondiente comunidad autónoma al concederle la autorización sanitaria de funcionamiento o la autorización específica de publicidad sanitaria». En nuestro país este artículo no solo no se cumple, sino que las personas que lo infringen llegan, en algunos casos, a montar asociaciones públicas y registradas para promover sus servicios, como es el caso de la Asociación Española de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales [12] o la Organización Colegial Naturopática [13] —que, a pesar del nombre, ni es un colegio ni está compuesta por médicos—. ¿Dónde están las autoridades sanitarias?, ¿de verdad el Ministerio de Sanidad no puede hacer más para acabar con este problema?, ¿cuántos muertos más tienen que salir en los periódicos para que el gobierno actúe de forma contundente y clara?
Desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, el Círculo Escéptico y la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad y FarmaCiencia, le pedimos a la Ministra de Sanidad que proponga medidas claras para acabar con tres problemas que son la causa de estas muertes, engaños y perjuicios a la salud y la economía de los enfermos, a saber:
1- La presencia de médicos colegiados que infringen el código deontológico médico, con el beneplácito de sus respectivos colegios de médicos, quienes les permiten ofrecer pseudoterapias, llegando, en algunos casos, a tener comisiones propias dentro del colegio y destinadas a fomentar estos incumplimientos del código.
2- La presencia de personas no profesionales que, de forma pública, evidente y notoria, infringen la legislación de centros sanitarios para, además, ofrecer servicios y productos que van contra de los derechos de los enfermos.
3- La necesidad de leyes o controles que eviten que algunos productos pseudocientíficos, como es el caso de la homeopatía, estén vendiéndose de forma libre en las farmacias españolas, a pesar de no tener ninguna eficacia y atentar contra los derechos de los enfermos. Máxime, teniendo en cuenta que Europa no obliga a España a que se pueda vender homeopatía en las farmacias, como se ha defendido falsamente por anteriores administraciones [14].
Quedamos a la espera, pues, de acciones por parte del Ministerio de Sanidad, presidido por María Luisa Carcedo, y que lleven a una solución de los problemas aquí expuestos, que ya le han costado la vida a demasiada gente.
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