Recientemente, un grupo de investigadores estadounidenses ha analizado en un estudio retrospectivo las necesidades médicas de los más de 23.000 pacientes que ingresaron en urgencias de los hospitales del estado norteamericano de Maryland durante el periodo 2005-2017 por traumatismos varios: accidentes de tráfico, caídas, agresiones con arma blanca o de fuego, etc. Y los resultados son más que llamativos.
Así, el 20% de los heridos por disparos que fueron ingresados en urgencias necesitaron transfusiones de sangre frente a tan sólo el 4% del resto de los trasladados al hospital a causa de otros traumatismos. Es más, las víctimas de armas de fuego necesitaron 10 veces más cantidad de sangre transfundida que otros pacientes del grupo de traumatismos varios que también necesitaron transfusiones sanguíneas. Por supuesto esto era debido a la mayor gravedad de las personas heridas de bala, individuos que presentaron al final una tasa de mortalidad en urgencias 32 veces superior a los otros ingresados por heridas varias.
Y toda esta necesidad de mayores cuidados y más intensivos lleva asociada un fuerte gasto sanitario. Así, mientras la atención médica de urgencia de los 20.750 sujetos del estudio incluidos en el grupo de no atacados por armas de fuego alcanzó el valor de algo más de 6,6 millones de dólares, sin embargo los cuidados para los 2.672 heridos de bala analizados tuvieron un coste total un 15% superior, hasta llegar a los 7,6 millones de dólares. Es decir que, aunque las armas de fuego son responsables de tan solo el 11% de los ingresos en urgencias por traumatismo, representan más de la mitad (el 54% exactamente) del coste hospitalario total de ese grupo.
En resumen todo un ejemplo de capitalismo en su máxima expresión, en donde los millonarios beneficios de unas pocas empresas acaban repercutiendo negativamente en toda la sociedad, puesto que más de dos tercios de los 116.000 heridos de bala que se producen anualmente en EEUU están cubiertos por el seguro médico estadounidense para personas necesitadas sufragado por el gobierno estadounidense: Medicaid. Y eso sin contar el coste económico, social y la tragedia personal de los alrededor de 38.000 muertos que se producen cada año por disparos amparados en la Segunda Enmienda constitucional norteamericana.
